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La digitalización de la banca, otro muro para la gente mayor

La digitalización de la banca, otro muro para la gente mayor

Nacional ·
06/09/2019 ·
#Educación financiera #Medios de pago: tarjetas #Otros
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PÚBLICO OBJETIVO: Adultos Mayores Población en riesgos de exclusión Público en General
Unos 2,4 millones de personas podrían quedarse sin oficina en su pueblo en seis años

Los expertos alertan de que también puede excluir a las rentas más bajas y discapacitados

La baja formación financiera puede causar sobrendeudamiento en los jóvenes

Una de las consecuencias más nefastas de la crisis para la España rural ha sido la desaparición de miles de oficinas bancarias y cajeros. La banca digital ha sido presentada como la gran panacea para resolver estos problemas de exclusión financiera. Pero si bien es cierto que puede ayudar en buena medida a solventarlo, los expertos advierten de que también aumenta el riesgo de dejar fuera del sistema a los colectivos más vulnerables, como la gente de más edad, las rentas más bajas y personas con discapacidad.

En un informe para el G-20 del año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya subrayó el riesgo de que surjan «nuevos tipos de exclusión de ciertos grupos de la población», particularmente «los mayores y aquellos con bajos ingresos».

Podrían verse apartados por tres causas: porque no puedan permitirse económicamente usar un móvil o un ordenador; porque se autoexcluyan debido a su bajo nivel de conocimientos tecnológicos y financieros; y porque las entidades financieras o de seguros rechacen sus solicitudes o les impongan un sobreprecio por un «inapropiado o excesivo» uso de los datos para decidir si las aceptan o a causa de «correlaciones incorrectas o erróneas hechas sin interpretación humana» por los algoritmos.

Seguros

En un encuentro internacional sobre educación financiera en la sede del BBVA, FloreAnne Messy, jefa de asuntos financieros de la OCDE, admitió que los datos permiten a las entidades conocer mejor los riesgos que asumen con los clientes. «Pero al mismo tiempo, significa que algunos consumidores no tendrán acceso al crédito o a los seguros, o tendrán acceso a ellos a un precio muy alto porque suponen un riesgo elevado. Es especialmente un problema en los seguros de salud o de vida.Personas con problemas de salud tendrán dificultades para conseguir un seguro adecuado. No es solo un asunto financiero, sino ético y social», advirtió.

El Banco de España también ha alertado de posibles «prácticas discriminatorias en contra de determinados grupos de consumidores, normalmente los más vulnerables, y el riesgo de exclusión financiera vinculado a la carencia de competencias digitales». Por ello ha reclamado al sector que sea transparente en sus productos e información al cliente, y al tiempo «incentive» la formación financiera de sus usuarios. Fernando Tejada, director del departamento de conducta de mercado y reclamaciones, se ha mostrado particularmente preocupado por las «personas con capacidades distintas, reducidas o limitadas».

La digitalización, además, afronta obstáculos para solventar la exclusión. Según Funcas, solo el 40% de los clientes bancarios aceptaría operar exclusivamente por canales digitales y los directivos dan un 5,5 sobre 10 al grado de digitalización del sector. Con datos del INE, el 87,3% de los españoles usa internet, pero ese porcentaje baja al 52,9% en los mayores de 65 años, al 57,1% entre quienes solo cuentan con estudios de primaria, el 31,4% en los que no completaron el primer ciclo de la educación, y el 76,8% en los que ganan menos de 900 euros al mes.

Más Educación

Otro foco de preocupación, aunque por razones opuestas, son los jóvenes. La OCDE ha señalado el riesgo de que la digitalización les provoque un «sobrendeudamiento» por los créditos preconcedidos o los préstamos rápidos. El Banco de España también ha mostrado su preocupación por la «sobreconfianza» que pueden tener en «dispositivos y aplicaciones amables», acostumbrados a actuar en el mundo digital.

Otros riesgos destacados por los expertos son los fraudes y el cibercrimen, el uso indebido de los datos por la facilidad con que se da consentimiento a que se acceda a ellos, la complejidad de productos vendidos como sencillos, y la inmediatez de las contrataciones sin haberlas meditado lo suficiente y sin que haya mecanismos para revocarlas.

Frente a todo, la principal palanca de defensa de los consumidores es la educación financiera. Así lo considera la OCDE, que lamenta que «sigue siendo baja en la mayoría de los países, y la situación mejora muy lentamente», según apuntó Messy. «Si las decisiones financieras no se adoptan con todas estas competencias que el ciudadano debe ser capaz de manejar, esta inclusión financiera puede ser más ficticia que real», resume José María López, responsable de RSC de Unicaja Banco.

En España todavía hay mucho que mejorar, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y patronales como la AEB y la CECA. Según un estudio mundial de hace unos años de Standard & Poor’s, solo el 49% de los españoles tiene una cultura financiera mínima. Algunas entidades son conscientes de ello, y por ejemplo CaixaBank «lleva a cabo diferentes iniciativas para promover los conocimientos en materia de finanzas». «El objetivo es ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más conscientes y mejores en términos financieros». Talleres, charlas y contenidos on line son algunos ejemplos

España vacía… de cajeros

El 2,9% de los españoles no tienen una sucursal en su municipio y la cifra subirá al 5% en el 2025

La falta de servicio se ceba sobre todo en las provincias del interior

 

La necesidad de corregir los excesos de la crisis, primero, y los intentos de recuperar una rentabilidad penalizada por los tipos bajos, después, ha llevado al sector financiero español a aplicar un recorte sin precedentes en sus redes comerciales durante la última década. El número de sucursales bancarias se ha reducido en un 43,8% (o sea, en 20.222 oficinas) desde el máximo del 2008 hasta las 25.896 con que se cerró el primer trimestre de este año, un nivel equivalente al que se registraba en 1980. Los cajeros han caído menos debido a que muchas oficinas han sido sustituidas por estos dispositivos, pero también han bajado con fuerza (el 18,4%, hasta los 50.336, volumen similar al del 2002).

La consecuencia ha sido un incremento de la exclusión financiera de la España rural, esa que ahora ha dado en llamarse vacía o vaciada. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el 52,2% de los municipios españoles (4.244) no contaba con una sucursal bancaria al cierre del 2017, lo que afectaba al 2,9% de la población (1,35 millones de personas). Respecto al 2008 esto supuso un incremento del 19% y el 46%, respectivamente. O dicho de otra manera, un total de 679 localidades y 428.070 ciudadanos dejaron de contar con una oficina en aquellos nueve años.

Incidencia

La falta de este servicio se ceba en las provincias del interior: Zamora (27,7% de la población sin sucursal), Segovia (22,5%), Ávila (21,2%), Salamanca (20,7%), Cáceres (11,9%), Cuenca (10,9%), Huesca (10,7%) y Teruel (10,3%). Por contra, en Baleares, Cádiz, Jaén, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz, Murcia y Sevilla apenas hay incidencia (poco más del 0%).

En Catalunya, la situación es dispar. El 49,7% de los municipios (471) y el 3,2% de la población (242.479) no contaba con una sucursal al cierre del 2017. Sin embargo, el nivel en la provincia de Barcelona era muy inferior (34,4% y 1,3%, respectivamente) y estaba muy alejado de los que presentaban Girona (57,9% y 8,5%), Lleida (56,7% y 9%) y Tarragona (57,1% y 8%).

Todo apunta a que el problema irá a más por el repliegue de la banca hacia las zonas más ricas y pobladas. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada apuntaba hace unos días que, con el actual ritmo de cierre de sucursales, en el 2025 en torno al 5% de la población «tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo», con el consiguiente «grave riesgo de exclusión financiera, un riesgo con notables consecuencias sociales y económicas». Según las estimaciones de crecimiento de la población del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cumplirse sus predicciones en torno a 2,4 millones de personas pasaría a no tener una oficina en su localidad, el 78% más que en el 2017.

En busca de soluciones

Los cajeros solo lo están paliando a medias. Según un estudio del Banco de España, la población española que no disponía de puntos cercanos de acceso al efectivo era aproximadamente del 1,96% en el 2017. Es decir, que 437.373 personas no contaban ni con oficina ni con cajero en su población.

Diputaciones como las de Granada y Badajoz están tratando de solventarlo llegando a acuerdos con los bancos para que instalen cajeros en municipios excluidos. Entidades como Bankia han encontrado en las oficinas móviles una forma de llegar a los pueblos

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